En el marco de la presentación de una propuesta para complementar la reforma de telecomunicaciones aprobada en México, la diputada María del Rosario Merlín García urgió a los legisladores a atender el tema de los videojuegos, puesto que la asambleísta del Partido de la Revolución Democrática considera que dicha forma de entretenimiento está plagada de violencia que afecta a los niños.
La propuesta, presentada por la asociación A Favor de lo Mejor, pretende que las leyes secundarias de la citada reforma regulen los contenidos violentos, sexistas y promotores de las adicciones en los medios de comunicación.
Merlín García añadió que México ocupa "el nada honroso primer lugar en videojuegos." Pero hay que aclarar que el país líder en consumo de videojuegos es Estados Unidos y México está en la sexta posición. Es incierto por qué la asambleísta considera ese hecho como motivo de vergüenza para el país.
Como hemos dicho siempre, el problema no son los videojuegos, sino la educación inadecuada y la desinformación. En todo caso, lo que haría falta es hacer valer las clasificaciones que vienen con los videojuegos, creadas precisamente para evitar que los niños se expongan a material inadecuado.
De acuerdo con la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB, por sus siglas en inglés) sólo 9% de los juegos publicados el año pasado fueron exclusivamente para adultos, lo que da una idea de la proporción de títulos violentos que realmente existe en la industria. La categoría dominante sigue siendo la de juegos para todos o "E", con 45% de las clasificaciones.
Dicho lo anterior, hay que reconocer que la Entertainment Software Association y la ESRB tienen mucha tarea pendiente en materia de información relativa al mercado de los videojuegos, pues la idea de que el entretenimiento electrónico es sinónimo de violencia es la que permea los círculos políticos de varios países, distorsión que podría generar problemas a corto plazo.
No es la primera vez que el PRD habla de videojuegos. En octubre se supo que dicho partido analizaba la posibilidad de gravar el entretenimiento electrónico con un impuesto diseñado para compensar por la exención de IVA a colegiaturas y renta.
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